Seguridad privada-seguridad pública: un inquietante maridaje

Según informó ayer (10 de junio de 2010) Europa Press, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, destacó “los buenos resultados” de la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (FCSE) con las policías locales de los distintos municipios y las empresas de seguridad privada. Intervenía en el I Congreso de Seguridad Privada en Castilla y León, y valoraba especialmente “la cooperación entre estos colectivos para hacer frente a problemas como la delincuencia en zonas comerciales”. No está de más decir que el congreso está organizado por la revista Seguritecnia y la Caja Rural de Salamanca. Extraña promiscuidad público-privada. Y peligrosa. Porque en el tema de la seguridad, uno de los que seguramente va a ser más crítico en los próximos tiempos, hay que tener las cosas muy claras. Porque el riesgo de que unas pocas empresas privadas, de ámbito global, acaben haciéndose con una parte fundamental de la seguridad pública, es peligrosísimo. ¿Qué quiere decir eso de la cooperación público-privada en las zonas comerciales? Cualquier persona, de cualquier tendencia política, ve el peligro de esa indefinición. Y el programa del congreso que comentamos (que se celebra los días 10 y 11 de junio de 2010) no da ninguna impresión de que se vaya a tratar con suficiente importancia este aspecto, la necesidad imperiosa de separar las tareas de la seguridad privada y ública de forma radical. Pues se trata de un tema que tiene mucho, muchísimo que ver con la idea de ciudad o de barrio, y también con las distintas soluciones urbanísticas que se planteen. Pero que no suele considerarse como problema. Permíteme incluir un texto (presentado, con algunas variaciones, en "Ecourbanismo. Estrategias locales para una ciudad habitable", Valencia, 2 de diciembre de 2009), pues ofrece una idea de cómo creo que debería abordarse la cuestión.

1. Entre los asuntos sociales críticos está el de la seguridad, pues probablemente sea el tema que vaya a protagonizar los debates del futuro próximo. La ecología urbana es uno de los temas fundamentales de la ciudad del futuro, pero no el único. Y posiblemente para algunos ni siquiera sea el principal. Pues si se plantea un asunto de seguridad, por ejemplo, la ecología suele quedar relegada. Según comenta Neil Smith (Después del neoliberalismo: ciudades y caos sistémico, coordinado por Neil Smith y editado por el MACBA y la Universitat Autònoma de Barcelona en 2009), en el debate que habrá de producirse como consecuencia del caos (que ya se está produciendo), el discurso sobre la seguridad va a ser uno de los temas fundamentales, si no el principal. Cuando empiece a articularse alguna nueva fórmula de oposición al sistema urbano y social hasta ahora dominante, “en muchas partes será desafiada a menudo violentamente por un despliegue estatal de ideologías de estricta seguridad”, que presentarán “a los trabajadores en huelga, inmigrantes, grupos étnicos, jóvenes airados, activistas del medio ambiente y pacifistas como potenciales terroristas. La seguridad y el terrorismo serán, posiblemente, las bazas más empleadas para contrarrestar esta naciente oposición política y social”. Por tanto, se ha de tener alguna respuesta clara desde ese mismo campo de la seguridad urbana y global. Es preciso evitar el pánico y ese “miedo con muchas caras” que va a funcionar como “poderosa fuerza de control social”. De hecho, tanto si se recurre a “incrementar el pánico por la seguridad” como si se cae “en lo apocalíptico, tendrá el efecto de inmovilizar a toda la oposición efectiva, sea por miedo o por falta de esperanza”. Algunas cuestiones del urbanismo que en principio parecen alejadas de la discusión sobre la seguridad urbana, como las imágenes o los símbolos, se van a ver también afectadas decisivamente por ese debate.

2. Apliquemos, por una cuestión de principios, los derechos humanos: todos, hasta el último ciudadano, tenemos el mismo derecho a la seguridad. ¿Cómo reenfocar la cuestión de la seguridad urbana sobre bases firmes? Los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad, están proclamados en el artículo 3 de la Declaración Universal de 1948. La forma en que allí se enuncian es drástica: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Tratan de cuestiones muy relacionadas, desde siempre, con la ciudad. Conflictivas. Pues no sólo se refieren a los distintos sistemas de defensa, sino también a las diferentes formas de entender y considerar el valor cívico y la entereza. Y a la tensión entre seguridad y libertad, o al nivel de tolerancia a los distintos riesgos que se está dispuesto a asumir. Las implicaciones del urbanismo son demasiado evidentes y nadie las pone en duda.

3. Sin embargo hay grupos (pequeños, grandes o inmensos, depende de qué ciudad se trate) que viven en un clima de grave inseguridad. Todos tenemos, por tanto, derecho a la seguridad, pero algunos no reciben la protección que aquélla Declaración supone. Una mujer nos dice: "No duermo por la noche, me da miedo (…). No sabes si un día te van a matar o a robar, porque donde estamos no hay puertas". Se trata de Paquita, manifestando sus miedos al día siguiente de ser agredida por una pandilla de jóvenes en Segovia. "También me han pegado fuego". Al parecer, mientras pernoctaba en un inmueble abandonado de la calle Huertas, en el barrio de San Lorenzo de la capital segoviana, otra noche le intentaron quemar (El Norte de Castilla, 7 de abril de 2006). En Vondel Park, el parque más conocido del centro de Amsterdam, dormían en sus sacos, tranquilos (incluso demasiado tranquilos) desde hace varias decenas de años, gran cantidad de jóvenes (y no tan jóvenes). Era algo habitual allí. Dormir al aire libre es una actividad más de ese espacio público que no sólo se permite, sino que, de algún modo, se regula. En algún rótulo se recomendaba a los muchachos recoger el saco y no dormir varios días seguidos en el mismo sitio, para favorecer la recuperación del césped. De manera que lo que se tolera de buen grado a los turistas se rechaza en los indigentes.

Para estos últimos, “dormir en la calle es una experiencia aterradora, sobre todo por la noche. Por esa razón muchos prefieren dormir de día, expuestos a la mirada pública y, así lo esperan, controlados por ella” (Patrick Declerck, Los náufragos, Madrid, Asociación Española de Neuropsiquiatría, 2006; or. de París, Plon, 2001). Se dirá que hay centros de acogida. Pero, al margen de su limitada capacidad, si algunas personas no quieren ir a ellos, por algo será. Concedámosles que tendrán sus razones (y que, por cierto, no son demasiado difíciles de suponer). En el Avance del primer informe sobre violencia directa, estructural y cultural contra las personas en situación de sin hogar en España 2006 (editado en Barcelona, Assís, 2007) se recogen 120 noticias, correspondientes a los 11 primeros meses de 2006, relacionadas con la violencia ejercida contra personas sin hogar (“en situación de sin hogar”) en España. Se de cuenta de la muerte de 77 de ellas, aunque se estima que la cifra real de muertes se acerca al doble. “Rocían con un extintor a un indigente mientras dormía en una chabola de Los Bermejales”. “Dos detenidos por intentar quemar vivo a un indigente en Pontevedra”. “Detenidos tres jóvenes que dieron una paliza a un mendigo y lo grabaron”. Y así hasta el final. Mejor, por tanto, poder ser vistos, beneficiarse de esa incipiente seguridad de los “ojos que vigilan”. Mejor disponer de lugares, en los centros urbanos, que puedan ser utilizados por cualquiera para dormir. Pero, sorprendentemente, la tendencia reciente es la contraria, y en Barcelona, por ejemplo, se sustituyen los bancos tradicionales por otros que no permitan dormir sobre ellos (“Ciutat Vella instala bancos anti-indigentes”, La Vanguardia, 29 de septiembre de 2009).

Lo cierto es que existe una violencia objetiva que se centra en los pobres. No sólo en nuestras ciudades, sino en todas partes. Según se expone en el Informe Worldwach de 2007, el aumento de la violencia urbana, ligado al tráfico de drogas y armas, ha provocado unos índices de mortalidad especialmente elevados entre jóvenes de algunas ciudades. Cuando los traficantes logran la complicidad de la policía para sus actividades, pueden poner entre la espada y la pared a barrios pobres completos. La consecuente asociación entre pobreza y violencia urbana no hace más que agudizar toda clase de prejuicios. Con un mismo nivel de educación, los habitantes de la favela tienen más problemas para encontrar trabajo. Como consecuencia, se dejan de usar los espacios públicos, merma la vida social y la confianza entre vecinos.

Y aunque el contexto haya cambiado notablemente, no puede decirse que en último término haya mejorado la sensación de seguridad de la gente. El contraste que se puede ver, por ejemplo, en muchos barrios pobres de Río de Janeiro al comparar la situación en 1968-1969 y la de 2001-2003 (según un estudio de Janice E. Perlman: “The Metamorphosis of Marginality in Rio de Janeiro”, en Latin American Research Review, Vol. 39, 1, 2004) es absolutamente desalentador. “En 1969, la gente temía que sus barrios y casas fuesen demolidos por el gobierno militar. En la actualidad tienen miedo de ser alcanzados por una bala en las reyertas entre los narcotraficantes y la policía, o entre bandas rivales”. Y no se trata ahora de miedos infundados. En 2001, el 20% de los entrevistados en el estudio que vivían en esos barrios afirmaban que algún miembro de su familia había muerto a causa de la violencia. Y el resultado es que los más humildes “se sienten atrapados entre los narcotraficantes y la policía (…). Es inútil intentar que intervenga la justicia, y delatar a los narcotraficantes es una sentencia de muerte, dado que cuando se va la policía los barrios quedan totalmente en sus manos”. En estos barrios “se ha perdido hasta el más mínimo poder de negociación” que podían tener estos grupos sociales.

4. Las comunidades cerradas, que se extienden por las ciudades del mundo y afectan decisivamente al urbanismo, no son más eficaces para la seguridad, pero incrementan el control social y la secesión urbana. En los últimos tiempos se han desarrollado, como en una involución dramática, las propuestas de nuevas murallas separadoras entre distintas áreas de la ciudad, que implican una mayor seguridad para los de dentro respecto a los de fuera (o al menos eso creen). Son las gated communities (comunidades cerradas) que se multiplican por doquier, en todos los continentes. Un libro de Zygmunt Bauman titulado Comunidad se subtitula precisamente “En busca de seguridad en un mundo hostil” (Comunidad, Madrid, Siglo XXI de España, 2003). Como es sabido, la idea de comunidad que subyace a los nuevos “condominios cerrados” está estrechamente vinculada a la historia del urbanismo, pero ahora lo que prima al definirla es la oposición entre seguridad y libertad. Para Bauman “el privilegio de estar en comunidad tiene un precio”, que se paga “en la moneda de la libertad”, denominada de formas diversas como “autonomía”, “derecho a la autoafirmación” o “derecho a ser uno mismo”. Y no se puede elegir todo. “Perder la comunidad significa perder la seguridad; ganar comunidad pronto significaría perder libertad. La seguridad y la libertad son dos valores igualmente preciosos y codiciados que podrán estar mejor o peor equilibrados, pero que difícilmente se reconciliarán nunca de forma plena y sin fricción”. Esta imposibilidad impregna todo el libro. En el capítulo 8, dedicado a “El gueto como referencia”, Bauman expone y explica los paralelismos y las diferencias entre los guetos tradicionales (etnorraciales) y los nuevos “guetos voluntarios” (las gated communities), creados desde la “política del miedo cotidiano” de las comunidades ricas.

5. Hay un principio no escrito sobre calidad urbana que exige una seguridad compartida y equivalente en todos los ámbitos y para todos los ciudadanos. No hemos visto en ningún sitio un enunciado semejante al que encabeza este epígrafe, aunque consideramos que, al menos desde las posiciones más sociales, está implícito: es preciso definir una seguridad compartida y, por lo tanto, equivalente para todos. No es fácil. Pero recordemos, con todas las cautelas (luego volveremos sobre este punto), el principio de "
eyes on the street" (“ojos sobre la calle”): enunciado por Foucault (con intención crítica) y Jane Jacobs (en positivo), confía en templar la posibilidad de ataques criminales o actos violentos, etc., por la presencia de gente que, en teoría, podría ver o vigilar los movimientos. Es una fórmula de defensa que sigue vigente, sin ninguna duda, aunque aplicada casi siempre de forma intuitiva. Y nos importa destacar ahora de ella un par de cuestiones: la primera, que se basa en la implicación de la gente, de toda la gente, en la seguridad. Es decir, que no se plantean diferencias basadas en murallas cerradas y vigiladas por vigilantes privados, sino que propone una seguridad genérica y equivalente para todos. La segunda, que se funda en la participación de la gente, y no en el completo abandono de los ciudadanos a la seguridad exclusivamente profesional de los especialistas.

En este sentido, la instalación de cámaras de vigilancia en el espacio urbano (de las que podría decirse que multiplican, por medios técnicos, esos "ojos que vigilan"), no responden a la idea de seguridad compartida y, por decirlo de alguna forma, participativa. Sino que desarrollan la seguridad mecánica y especializada, muchas veces más allá de lo admisible. Aumentan el control indeseado y la intromisión en la intimidad. Desde hace un par de décadas han ido apareciendo algunos textos sobre el diseño de recorridos seguros, o de determinados espacios, para aumentar la seguridad por medio pasivos (por el propio diseño), o al menos la sensación de seguridad, basándose en principios avalados por la experiencia que evitan de alguna forma las ocasiones para la violencia, o la desincentivan. Se denomina “diseño de espacios seguros” que se asocian, por ejemplo, a la disposición cuidadosa del alumbrado público, a la distribución de comercios en zonas de paso, a reducir los senderos aislados u oscuros, a cuidar los pasos subterráneos, etc. Unas soluciones específicas se vinculan con frecuencia a esa “vigilancia natural” (los “ojos que vigilan”), que decíamos antes, y a veces se confunden con ella, aunque su objeto no es idéntico. Algunas actuaciones derivadas del "urbanismo de género", que plantean incrementar la vigilancia y evitar las ocasiones de violencia en ciertas áreas urbanas, o en los transportes públicos, por ejemplo, donde las mujeres sufren ataques violentos con mayor frecuencia, pueden considerarse una derivación del principio anterior.

6. Seguridad compartida implica riesgos compartidos, y aquí entra en el debate el otro gran ámbito de la seguridad que tiene que ver con el urbanismo: la safety. También habría que recordar el difundidísimo estudio de Ulrich Beck sobre la sociedad del riesgo (Ulrich Beck, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Barcelona, Paidós, 1994. Un texto reciente de síntesis sobre seguridad urbana: María Vara, “Sobre el derecho a la seguridad”, en Alegaciones, Madrid, CSCAE, 2008; actas del Foro de Zaragoza 2006). Pero es importante contemplar los dos aspectos de la seguridad a que se refieren los dos términos ingleses sobre la cuestión: security y safety (seguridad respecto al crimen y seguridad respecto a los accidentes). Por eso hay que hablar de compartir los riesgos, como decíamos. Pero todos los riesgos, no sólo los sociales, sino también los ambientales y los tecnológicos (las antenas, por ejemplo).

También los riesgos al fuego y a la explosión, por ejemplo. La historia del urbanismo es, de alguna forma, la historia de la seguridad. Las medidas de seguridad (incluso la elección del emplazamiento en función de la seguridad) han condicionado decisivamente la forma de las ciudades hasta hace no mucho. La demolición generalizada de las murallas data del siglo XIX. Hoy la seguridad urbana sigue siendo un problema de primer orden, aunque no parezca estar "en la agenda" de los urbanistas nacionales como tema específico. Pero enunciar un planteamiento general sobre esta cuestión no es fácil. Las pautas derivadas del principio de precaución también son fundamentales en el debate. Pero, de cara al futuro, ¿qué posición adoptar, qué urbanismo hacer que defienda los derechos humanos de todos y no reduzca la protección, en todos los ámbitos?

7. Los riesgos naturales y tecnológicos también crean miedo, malestar, inquietud y zozobra. Pero frente a ellos se suele actuar con más confianza, menos rigidez y más condescendencia. Apliquemos una metáfora animal. Podemos optar por hacernos invertebrados, como los crustáceos, con un caparazón exterior que nos aísla, es cierto, pero que también nos protege, por mucho que el interior sea débil y blando (así actuamos cuando construimos comunidades cerradas que nos separan del mundo y nos debilitan como personas). O se puede optar por los vertebrados, fuertes por dentro, por más que el exterior sea mucho más accesible a los atacantes y depredadores. La discusión no está en apoyar un urbanismo de "caminos seguros" (¿quién los niega?), ni en ampliar las medidas antiincendio, por ejemplo (¿quién se opondría?). Sino en discutir, por ejemplo, la conveniencia de las comunidades cerradas, adoptando soluciones de seguridad no compartidas ni generalizables.

El debate crítico en este campo es el de las nucleares. Pero hay otros, como los que se refieren a la seguridad en túneles o edificios altos, que prácticamente ni se plantean. Como decíamos, uno de los grandes temas del urbanismo es el de los incendios. Hay miles de medidas de protección, muchas ya con rango legal, de obligado cumplimiento. Pero, sin embargo, sorprende la insistencia en soluciones urbanas y arquitectónicas peligrosas. Ahí están, por ejemplo, los edificios altos. Se siguen proponiendo sin ninguna necesidad, sin ninguna razón que los avale, aunque se trate de una tipología mucho más insegura que cualquier otra (las escalas de bomberos sólo alcanzan las 12ª planta, en el mejor de los casos). Y se siguen construyendo túneles innecesarios (donde también se incrementa enormemente el riesgo: el efecto trampa actúa). Pero también siguen generándose inseguridades por el tráfico rodado. La cuota de víctimas, por más que se haya reducido (notablemente, es verdad), sigue siendo un escándalo. La velocidad importa, pero también el diseño que la "sugiere", que invita a que se circule deprisa.

Desde luego, la posibilidad de inundaciones, terremotos u otros desastres naturales (propios de la actuación de protección civil) también está regulada. Y parece que se trata de conseguir información suficiente y de hacer cumplir lo legislado. Otra cosa bien distinta es la protección respecto a las caídas, escrupulosamente regulada en los edificios, pero mucho más ambigua en el espacio urbano. Lo mismo que los riesgos por desprendimientos del terreno o por caídas de cascotes u otros elementos de los edificios ruinosos. Pero, con el actual renacer del debate energético, las nuevas propuestas del presidente Obama en Estados Unidos y el enorme impulso que parece recobrar la “opción nuclear” en Europa resultan sorprendentes. Sobre todo porque nada de lo que generó ese debate años atrás parece haber cambiado de forma significativa. Y sin embargo en la actualidad da la impresión de que estamos dispuestos a asumir los riesgos que entonces no se quiso. ¿Por qué puede ser?

8. El debate sobre seguridad y libertad está extremadamente viciado por los inmensos intereses económicos que conlleva. Cuando el resultado de una discusión teórica puede afectar a un enorme negocio hay muchas probabilidades de que los interesados traten de influir a favor de sus posiciones. Y como quiera que la mayor parte de las informaciones relevantes no se obtienen directamente, hay que ser extremadamente cautelosos con lo que nos llega. En este caso hay que contar con la presión que puedan hacer las grandes empresas multinacionales de la seguridad. Como sabemos, hay servicios de seguridad públicos y privados. Los primeros se prestan por las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad dependientes de las distintas administraciones: estatal, autonómica, local. Los servicios privados, por personal integrado en empresas de seguridad. Estos últimos son, en teoría, complementarios y subsidiarios a los públicos. Pero en ocasiones, sólo sucede así en la teoría. En España, por ejemplo, se viene criticando desde hace tiempo “el repliegue policial en beneficio de la seguridad privada” (la cita es de hace más de veinte años: El País, 03/12/1987), que además está vinculada a algunos nombres conocidos de la política nacional. Y lo cierto es que el sector de la seguridad privada ha crecido de forma sostenida, a un ritmo medio del 7% durante los últimos 15 años (Datos de 2008 publicados por Aproser, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad). Otras empresas y países han crecido mucho más, con índices del 20% y superiores.

En el contexto latinoamericano se asegura que hay “cientos de miles de agentes de seguridad altamente armados que en algunos países (los centroamericanos, por ejemplo) sobrepasan el número de efectivos de la policía” (lo dice William Godnick, “Es hora de controlar los arsenales de las empresas privadas”; en
www.comunidadesegura.org). En Chile se cuentan tres veces más guardias de seguridad y vigilantes privados que policías. El servicio de guardaespaldas, la custodia de bienes y edificios ha tenido un crecimiento exponencial en la última década o década y media. Se ha constituido “un orden de seguridad preventivo-oligopólico (que) se distingue por un crecimiento vertiginoso de la industria privada de seguridad y servicios afines, incluyendo las cárceles, que siguen siendo privatizadas” (Peter Lock, “Privatización de la seguridad en la era de la globalización: el ejemplo de Latinoamérica”, en Trabajadores, Universidad Obrera de México (original alemán de 1998). Desde luego, son empresas que se internacionalizan. En Argentina, por ejemplo, operan las norteamericanas Smith-Brandon Int. (que cuenta con exagentes del FBI) y Kroll O´Gara (con exagentes de la CIA). Y la multinacional sueca G4 Securitas (35.000 empleados en todo el mundo), actúa en Europa occidental, pero también en Europa del Este, Canadá, Estados Unidos, Sierra Leone, Kuwait (en las instalaciones de petróleo), VAR (en el puerto) o Qatar (palacios del los Emires). ADT maneja el mercado de alarmas con capitales norteamericanos, Prosegur (España) y Brink’s (EE.UU.) dominan el transporte de valores. Otra empresa sueca multinacional es Seguritas. Y muchas más.

En todos los países, los servicios de seguridad privada impactan cada vez más en los gastos de particulares y empresas, lo que incrementa los beneficios del sector. En España, por ejemplo, entre las empresas más importantes por facturación se encuentran las empresas de seguridad Prosegur, Seguritas, Gamesa e ITP, que ya empiezan a diversificar sus objetivos. Así el caso de Prosegur: la Empresa de Trabajo Temporal "Umano", pertenece a su grupo. Las empresas de Aproser, la asociación que engloba a las 18 empresas "más representativas" de la seguridad privada de las 1.134 que existen en España (y que prestan el 80% de los servicios) facturaron en 2006 más de 3.300 millones de euros. El de la seguridad es un mercado con un crecimiento “explosivo” (nunca mejor dicho).

9. El trinomio del negocio. De manera que preferimos asumir la apertura de fronteras como regla ineludible de justicia que sólo excepcionalmente podría ser limitada. Pero volvamos, por un momento, al negocio. El urbanismo de la seguridad juega con este trinomio: diseño de recintos / mecanismos tecnológicos / personal de seguridad. El negocio que hemos explicado precisa murallas y miedos. Sin esos componentes no hay beneficios. Las murallas las proporciona el urbanismo; los miedos los desarrollan los medios de comunicación. El urbanismo que se asocia a aquel negocio trata, como hemos dicho, de crear fronteras. Cuantas más, mejor. Una frontera absoluta entre los estados y grandes territorios: ahí están las sofisticadas vallas fronterizas de Melilla, o el muro de El Sahara, el de Gaza. La frontera electrificada del Río Grande. También fronteras en el perímetro de grandes urbanizaciones: las famosas gated communities, comunidades cerradas, enclousures. Fronteras en torno a las grandes instalaciones: aeropuertos, centros comerciales, empresas, universidades, etc. Fronteras en el perímetro de cada casa.

Por supuesto, el urbanismo disperso fomenta también la necesidad de crear fronteras. Y la baja densidad, y la separación desmesurada de las piezas urbanas. También son fronteras los recintos de las cárceles (recintos cerrados, de los que no se puede salir). En el caso de Australia, algunas prisiones se llevan incluso a islas en medio del océano. Y qué decir de Guantánamo (y de las cárceles que no sepamos). O esos enclaves que se rodean de alambradas en los centros de inmigrantes o de gitanos en Italia. O los muros que se pretenden construir ahora en torno a algunas favelas brasileñas. Fronteras por todas partes. La idea básica es la de diferenciar zonas, y crear esas fronteras o murallas entre ellas. Unas vigiladas hacia fuera, para que no entre nadie; otras hacia adentro, para controlar las actividades del interior (la denuncia de Wacquant de la ciudad carcelaria: en Las cárceles de la miseria, Buenos Aires, Manantial, 2000). Se ha relacionado este sistema con el liberalismo, y con su política económica y social. Y se ha dicho también que apunta, a medio plazo, hacia la “secesión urbana” de los ámbitos privilegiados, que no quieren saber nada del resto de la ciudad.

El sistema, por supuesto, precisa de la tecnología apropiada. Unos mecanismos e instalaciones que ponen las empresas especializadas: ahí está buena parte del negocio. Y es fundamental. “El discurso político sobre la seguridad es orientado hacia la prevención, fomentando la tolerancia cero y una extensa tecnificación de las medidas de seguridad” (nuevamente Lock). Cada día se reclaman servicios más específicos y sofisticados, que irán sustituyendo progresivamente las necesidades de personal. Seguritas, por ejemplo, “promueve una idea de la seguridad estructural de la sociedad, discurso que en los últimos años ha tenido mucho éxito en esferas de gobierno y municipalidades”. Con él “se espera que la vigilancia realizada por personal sea reducida en un 50% y remplazada por tecnología digital, `vigilancia a distancia´ (guarding on distance). En Holanda G4 Securitas tiene un proyecto para vigilar 148 escuelas a distancia en estos momentos” (Rick van Amersfoort en
www.noticias.nl).

10. Además, la confianza en la “vigilancia natural” es coherente con la idea misma, tan querida por la ecología urbana, de ciudad compacta: aquí queríamos llegar. Pero a pesar de las medidas tomadas, la sensación de inseguridad permanece. Se extienden los miedos, y la opinión pública creada reclama seguridad. El Estado no puede con el coste de la seguridad tecnológica que se propone, y debe acudir a empresas privadas. Así se redondea el negocio y la paralela degradación de la democracia, donde el urbanismo juega su papel. Se trata de un sistema que no ofrece seguridad para todos y tiene unos efectos secundarios terribles para la convivencia, por lo que parece necesario y urgente plantear una alternativa. Es preciso regresar desde la seguridad como mercancía a la seguridad como bien común. Y romper el miedo. Porque estamos hablando de un mismo derecho a la seguridad para todos, y debería darse el mismo tratamiento en todos los barrios, en todos los ámbitos urbanos. El sistema actual conlleva la vuelta a aquella nefasta idea de “peligrosidad social” por el lugar de residencia y aspecto de la gente. Es decir: lo contrario a la idea de dignidad. También se va abandonando el objetivo de rehabilitación de los presos. Y en el urbanismo está desapareciendo la idea de ciudad como articulación integrada de todas sus piezas, frente al concepto de simple aglomerado.

En algunos lugares han vuelto los ojos hacia una seguridad basada en los ojos de todos. Ojos sobre la calle, nuevamente. Pensamos que tiene muchas ventajas frente al sistema que se está imponiendo de hecho, descrito en el punto anterior: murallas, tecnología, empresa privada. Consiste en crear una malla abierta, completa, suficientemente densa pero cuidando de que esas vías constitutivas de la malla tengan población, suficiente densidad, estén vivas. Una malla viaria de acceso libre. Un viario isótropo y generalizado. Con vías suficientemente rectas y abiertas. Nos gusta citar el ejemplo de una pequeña población australiana, que lo ha adoptado, expuesto y difundido: Gosnells. De acuerdo con su Safe City Urban Design Strategy, las vecindades deben agruparse y organizarse de forma que se creen centros urbanos y calles directas desde las vecindades a los centros. Diseñar unos trazados de las vías que garanticen buena visibilidad y una correcta legibilidad e inteligibilidad del espacio. Unos trazados que establezcan rutas de acceso y salida fáciles de entender y usar. Y una disposición de las casas que fomente la llamada "vigilancia natural".

Conviene deshacer algunos equívocos que podrían darse respecto a esta propuesta. Por un lado, no se defiende con ella, por supuesto, intervenir en áreas tradicionales para abrir calles rectas. Eso es, sencillamente, una barbaridad. En un centro tradicional hay que procurar que haya densidad de gente, que el paso sea franco, que no haya elementos que lo restrinjan, que se procure la mezcla de usos, que esté adecuadamente iluminado, etc. Que se consiga un efecto de transparencia. Porque en último término lo que se discute es si confiar la vigilancia a las cámaras y los vigilantes o a la gente en su conjunto; si se prefiere que haya recintos cerrados o que se franquee el paso a todo el mundo. Y aquí se apuesta por facilitar lo público, por la transparencia y el movimiento libre de la gente.

Pero permítasenos una cita más. Timothy Garton Ash escribió sobre el actual debate entre seguridad y libertad (“¿La madre de las libertades?”, El País, 22 de febrero de 2009). “Hace un par de años pregunté a un importante político del nuevo laborismo si su Gobierno no se había equivocado en su forma de establecer el equilibrio entre la seguridad y la libertad. `Bueno´, me contestó, `lo que sí le puedo decir es que, si se pregunta a los británicos, siempre escogerán más seguridad´. Por eso es por lo que la cuestión está en nuestras manos –continuaba T. Garton Ash-. Dado que nuestros líderes se han vuelto en general seguidores -siguen el último sondeo de opinión, el último grupo de estudio o la última campaña de prensa-, somos nosotros, los británicos, quienes debemos hacerles cambiar de opinión sobre lo que quiere `el pueblo´. Para ser sincero, todavía no acabo de creerme que esté ocurriendo esto en mi país. Parece una pesadilla. Pero está sucediendo, y debemos impedir que continúe. Ya”. Ahí estamos, también en el urbanismo.

Y aquí llegamos igualmente, de vuelta, al punto de partida. Porque ahora defendemos una posición, la ciudad compacta, dentro de un esquema abierto de calles y un sistema de seguridad basado en los ojos sobre la calle. Sólo alude a uno de los aspectos de la seguridad urbana (recordémoslo: con esta propuesta no se solventa el debate de las nucleares, por ejemplo), pero es una de las cuestiones más endiabladas. Y así ahora podemos defender, por tanto, una propuesta de ecología urbana pero sabiendo algunas de sus implicaciones sociales, y no dándolas por ciertas sin más.

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