Lo penal

Lo penal no es, en principio, propio de la política municipal. Pero sí lo es la vida de los barrios. Y la propia cárcel (no olvidemos que, aunque próxima a Villanubla, está levantada en terrenos de Valladolid). Hay autores que se han dedicado a analizar la íntima relación que existe entre urbanismo y cárcel, entre la política social carcelaria y la carcelización de determinados barrios. El más claro es Loïc Wacquant, quien en Las cárceles de la miseria expone una sorprendente (y convincente) interpretación de la evolución de la política carcelaria en Estados Unidos y Europa, que integra las actuaciones de seguridad, punitivas y de asistencia social en un mismo sistema. “Como en su origen, la institución carcelaria está ahora más en contacto directo con los organismos y programas encargados de `asistir´ a las poblaciones desheredadas a medida que opera una interpenetración creciente de los sectores social y penal del Estado postkeynesiano".

Recuerda este autor, por ejemplo, cómo en muchas metrópolis americanas y europeas “la principal vivienda social y la institución en que se brindan los cuidados accesibles a los más indigentes es la prisión del condado”. De manera que “la prisión exporta su pobreza”, al desestabilizar constantemente a las familias y su entorno. Se da así en las sociedades avanzadas una transición desde la gestión social o asistencial de la pobreza hacia una gestión punitiva por medio de la policía y las prisiones. Es decir: del Estado social al Estado penal. Pero esta situación no se observa sólo en las grandes metrópolis europeas o americanas. No hace mucho tiempo (agosto de 2009) podían leerse estas declaraciones de Mercedes Gallizo: "Las prisiones españolas están llenas de pobres, enfermos y drogadictos. Suman más del 70%. La cárcel se está convirtiendo en el único recurso asistencial y esa no es su función". La Secretaria general de Instituciones Penitenciarias de España insistía así en la necesidad de mantener la función resocializadora que debería tener la cárcel, aunque “admitía que ese principio constitucional está cada día más lejano”.

En este contexto vemos ahora un informe del último número de Página abierta (mayo-junio de 2010), sobre la última reforma del Código Penal, donde destacan, por el contraste, las propuestas de la Plataforma “Otro derecho penal es posible”. Ya digo: en mi opinión, no se trata de un tema tan ajeno a la política municipal.

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