Participar exige esfuerzo


La actividad de participar exige esfuerzo, desestabiliza, y cuesta tiempo y dinero. Suele presentarse como algo lúdico, pero es un esfuerzo. Todos los que se han integrado en alguno de los procesos abiertos a alguna fórmula de participación lo saben. Además lo complica todo: a los técnicos, a los políticos, a todos. Pero es un derecho, y las ventajas superan, con mucho, todos los inconvenientes.

1. Presupuestos participativos. Hay diversas fórmulas participativas que se han desarrollado en los últimos años. Media docena de mecanismos que están ya suficientemente experimentados. Por un lado, la fórmula más habitual, que se basa exclusivamente en las asociaciones: los “consejos consultivos”. Organizados por temas o por territorios, reúnen a las principales entidades afectadas y funcionan como espacio de consulta. Si nos fijamos en las fórmulas que promueven la intervención de los ciudadanos a título individual, podemos encontrar experiencias interesantes de “jurados ciudadanos”, y de referendos. Y entre los mecanismos mixtos (con asociaciones y ciudadanos a título individual) están, entre otros, las “audicencias”, los “foros”, o los “talleres de prospectiva”.

Pero aunque todos esos sistemas tienen su utilidad, y pueden aplicarse a diferentes propuestas, lo que defiendo como tema principal es la implantación de los presupuestos participativos. La idea se inició primero en Montevideo, pero adquirió la más clara expresión de sus potencialidades en la institucionalización, en Porto Alegre, del Orçamento Participativo en 1989, tras la victoria electoral del Frente Popular. La experiencia se ha extendido después enormemente, y ya se cuenta con múltiples y diversas fórmulas de implantación en todo el mundo. Hay incluso guías que explican cómo implantarse y aplicarse. Una implantación, por cierto, sumamente complicada: hay que formar un Consejo del Presupuesto Participativo y Asambleas regionales, que a su vez albergan diferentes órganos comunitarios independientes. Y luego prever “la articulación de plenarias temáticas, formadas por entidades que reúnen diversas categorías profesionales, además de otros movimientos sociales y organizaciones civiles, y foros de delegados temáticos”. Complicado, como digo, pero largamente beneficioso.

2. Arquitectos de oficio. Proponemos llegar a acuerdos con los colegios profesionales para implantar una figura similar a la de los abogados de oficio. ¿No tendría interés en participar en la definición de las condiciones de la carretera quien la recorre a pie cada día? ¿No tendría nada que decir el pequeño grupo de vecinos expulsado del terreno que ocupan, al tramitarse el plan parcial? ¿Y algunos de los ancianos que se sientan en los bancos de la plaza, frente al nuevo proyecto de urbanización? Porque no basta con las asociaciones de la sociedad civil. Las organizaciones cívicas y sociales son imprescindibles. Pero su concurso no es bastante.

Nos imaginamos una organización colegial profesional en la que se hubiera inscrito voluntariamente un determinado porcentaje de los arquitectos colegiados (¿por qué no un 30%?). Referida al urbanismo. Al llegar con su caso, el cliente no elegiría al técnico, ni viceversa. Los honorarios dependerían de cada tipo de trabajo (redacción de alegaciones, fundamentalmente; aunque también podrían esbozarse alternativas, y otro tipo de actividades), si bien siempre serían notablemente inferiores a los de los trabajos profesionales regulares y equivalentes. Pues no se plantea como una salida profesional, sino como obligación ética y colegial. Para los colegios de arquitectos, por ejemplo, su implantación significaría, en nuestra opinión, cumplir de forma más completa las finalidades expresadas en sus estatutos, tanto en lo que respecta al buen hacer profesional como a su voluntad de servicio a la comunidad. Y debe recordarse que en los propios colegios se encuentra ya alguna institución que podría servir también de referencia para nuestra propuesta, como la Lista de Arquitectos Peritos Judiciales que, por cierto, suele funcionar bastante bien. Tiene su reglamentación, se realiza un seguimiento colegial de sus actividades e incluso cuenta con agrupaciones específicas de profesionales.

Este mecanismo de los "arquitectos de oficio" está pensado en principio para atender al derecho a la participación que se enuncia en tantas legislaciones. Serviría, creo, para dar alas a ese mismo término, participación, que malamente sobrevive a su afirmación demagógica habitual. Demagógica porque en la mayor parte de los casos el proceso de participación, en nuestro país, no está organizado para promover la contribución de la gente en las decisiones urbanísticas, “tomar parte” en ellas, hacer valer una cierta capacidad de influencia, sino como fórmula legitimadora de un conjunto de decisiones ya tomado. Todos sabemos que en la tramitación de los planes urbanísticos sólo participa un determinado grupo de ciudadanos. Amplio, sí; pero incompleto. Los más poderosos acuden directamente a los despachos; y los de menor poder suelen quedar al margen. Por eso nos preguntábamos: ¿Cómo no sublevarse contra un urbanismo cuya única preocupación parece ser, demasiadas veces, el reparto de los beneficios del negocio inmobiliario? ¿No se participa sólo en las migajas?

La institución de los “arquitectos de oficio” permitiría abrir la participación a personas y grupos que no suelen acercarse al urbanismo. Ir de la mano de los profesionales, aunque no sea garantía de que se vayan a atender sus opiniones, puntos de vista o reclamaciones, es indudable que las potencia. Los técnicos conocen, obviamente, el lenguaje técnico. Deslindan el contenido visual (desactivan la seducción de la imagen) del texto, y en él encuentran (o deberían poder hacerlo) los aspectos críticos. Están preparados para argumentar también sobre la forma urbana: un aspecto de gran importancia que no se debería desatender; pero sobre el que tampoco conviene dar carta blanca al diseñador. Es necesario poder discutirlo. Como también valorar las propuestas que a la vez sean de interés para la ciudad y para el mismo cliente; valorar las propuestas del largo plazo, sin centrarse únicamente en los impactos inmediatos. Los técnicos, además, tienen medios, infraestructura, y sobre todo costumbre para leer los planes adecuadamente. Tienen, por último, tiempo (pues se trata de su trabajo), y saben gestionarlo.

3. Coste y esfuerzo. Lo mismo la fórmula de los consejos y los foros, los arquitectos de oficio o la implantación del presupuesto participativo exigen contar con fondos suficientes (una partida que puede llegar a ser significativa), y con gente dispuesta a dedicar tiempo y esfuerzo (incluso mucho tiempo y mucho afán) en este tipo de operaciones que siempre son sacrificadas. Insisto (porque hay que ser consciente del asunto): la participación no es gratis, en ningún caso. Ni para unos ni para otros. Ni para los responsables políticos (les puede desestabilizar todas sus propuestas iniciales), ni para los técnicos (siempre son problemas añadidos, plantear presentaciones, tiempo de explicaciones y debates, múltiples cambios, etc.), ni para los representantes vecinales (infinitas reuniones, presiones, incomprensión en muchos casos), ni para los mismos ciudadanos que asisten y se comprometen. Se trata, por tanto, de contar con gente dispuesta a trabajar en el tema. Pero ese no va a ser ningún problema.

Imagen procedente de www.iualmunecar.blogia.com.



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